Tailandia presenta informe sobre su experiencia con licencias obligatorias

Por Tove Iren S. Gerhardsen
Un funcionario tailandés afirma que los teléfonos del Gobierno han comenzado a sonar con mayor frecuencia desde que Tailandia concedió licencias obligatorias para importar y, finalmente, fabricar medicamentos patentados, lo cual ha obligado a los titulares de patentes a disminuir sus precios. Sin embargo, en una reunión reciente, los escépticos sostuvieron que Tailandia debería haber dialogado con las empresas antes de conceder dichas licencias.

Un gobierno, al amparo de una licencia obligatoria, puede producir (o autorizar a un tercero para que produzca) una materia que se encuentra protegida por una patente sin el consentimiento del titular de la patente o sin haber realizado esfuerzos para obtener la autorización del titular de la patente, bajo ciertas condiciones, por ejemplo con fines de uso no comercial, conforme al artículo 31 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Según la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, adoptada en la reunión ministerial de 2001, en Qatar, cada miembro tiene la libertad de determinar las razones que motivan la concesión de dichas licencias.

En la reunión celebrada el 8 de marzo en Ginebra, Suwit Wibulpolprasert, asesor superior en materia de economía de la salud del Ministerio de Salud Pública de Tailandia, presentó el informe titulado “Facts and evidences on the 10 burning issues related to the government use of patents on three patented essential drugs in Thailand. Document to support strengthening of social wisdom on the issue of drug patent” (“Datos y pruebas de 10 temas de vital importancia relacionados con el uso de patentes por parte del gobierno de tres medicamentos esenciales patentados en Tailandia. Documento destinado a respaldar el fortalecimiento de la sabiduría social en materia de patentes de medicamentos”). Funcionarios, grupos industriales y organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otros, asistieron a la reunión organizada por la ONG Knowledge Ecology International.

El Gobierno tailandés ha concedido tres licencias obligatorias durante los últimos meses, a saber: el 26 de enero, en relación con el medicamento “clopidogrel” (Plavix de Sanofi-Aventis) utilizado para tratar enfermedades cardiovasculares y con el compuesto contra el VIH/SIDA “lopinavir/ritonavir” (Kaletra de Abbott); y el 29 de noviembre de 2006, para el medicamento contra el VIH/SIDA “efavirenz” (Stocrin de Merck Sharp & Dohme) (IPW, Public Health, 16 de febrero de 2007 y 22 de diciembre de 2006, sólo en inglés).

Wibulpolprasert afirmó que el gobierno intentó entablar negociaciones con las empresas con antelación (algunas de ellas lo olvidaron posteriormente) y que las empresas farmacéuticas sólo accedieron a sentarse a la mesa de negociaciones después de que Tailandia concediera las tres licencias obligatorias.

Durante la reunión, existió un acuerdo general de que Tailandia actuó dentro del marco de la ley, pero que aun así la concesión de las licencias causó sorpresa, en particular la licencia para el medicamento destinado a tratar enfermedades cardiovasculares.

Eric Sayettat, de la misión francesa ante la OMC, comentó que se favoreció el diálogo y se preguntó si los mismos resultados (la disminución de precios) no podrían haberse alcanzado con debates previos. Afirmó que las licencias obligatorias se podrían comparar con los elementos disuasivos en el ámbito nuclear, los cuales sólo deberían utilizarse en contadas situaciones. Esto reflejó el pensamiento de otros funcionarios de países desarrollados.

Harvey Bale, Director General de la Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), señaló que existió una “gran diferencia en términos de percepción” en relación con el proceso, ya que no se llevó a cabo un debate serio de antemano entre el Gobierno tailandés y las empresas farmacéuticas. Afirmó que Merck redujo sus precios sin la amenaza de las licencias obligatorias.

No se trató de una cuestión de percepción dado que existen pruebas, comentó Wibulpolprasert haciendo referencia al informe y también afirmó que las negociaciones previas fueron infructuosas. Sin embargo, después de la concesión de las licencias obligatorias, las empresas comenzaron a llamar al gobierno, y no sólo las tres implicadas.

Wibulpolprasert señaló, en alusión a uno de los medicamentos, que el precio para hospitales había disminuido de $1,35 por tableta a 60 centavos y que otra empresa había ofrecido al gobierno un trato de “compre uno y obtenga nueve gratis”. Además afirmó que Merck había reducido el precio de su medicamento a nivel mundial y agregó que las negociaciones con las empresas después de los anuncios sobre las licencias obligatorias habían sido muy constrictivas.

Bale afirmó que como transcurrieron aproximadamente dos años desde el inicio del proceso hasta el anuncio del gobierno sobre la concesión de algunas licencias obligatorias, los nuevos métodos de fabricación o los cambios económicos podrían explicar la disminución de los precios. Wibulpolprasert, por su parte, señaló que si bien ése podría ser el caso, el impacto de esas situaciones sería “de menor importancia”.

En un intento por abordar la preocupación de algunos participantes de la reunión, Wibulpolprasert indicó que, a lo sumo, el 15 por ciento de los medicamentos patentados de Tailandia podría ser objeto de licencias obligatorias, ya que debería existir un sólido fundamento social.

“No se convertirá en regla general”, afirmó. También señaló que el Gobierno sólo está “comenzando” a considerar otros medicamentos y agregó que las empresas pueden “golpear a nuestra puerta en cualquier momento”. Afirmó que en febrero se renovó, por medio de un decreto ministerial, el mandato de un comité especial encargado de la negociación de los precios de medicamentos patentados.

Las licencias obligatorias no afectarán el mercado de productos patentados, ya que los medicamentos se distribuirán a aquéllos que no puedan pagarlos, incluidos los medicamentos ya cubiertos por el gobierno, señaló. Además afirmó que los medicamentos más económicos no se exportarían y agregó que las leyes tailandesas disponen que todas las personas tienen derecho a los medicamentos esenciales.

En el informe oficial se detalla el proceso de decisión que llevó a la concesión de licencias, el cual se denominó un “movimiento social… cuyo objetivo es mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y la salud de las personas”. Este movimiento necesita conocimientos y pruebas, respaldo social y compromiso político, afirmó. El informe procura dar respuestas a preguntas y malentendidos; por ejemplo, la razón por la cual no existieron negociaciones y debates previos con las empresas farmacéuticas (uno de los 10 temas “de vital importancia”), pero también procura educar al público sobre los medicamentos y la salud pública.

El informe compila cartas y comunicaciones de diversas partes implicadas en la situación. Los documentos incluyen: cartas del Gobierno tailandés dirigidas a las empresas; cartas de las empresas antes de que se concedieran las licencias obligatorias acerca de la razón por la cual no se podían disminuir los precios, y después de la concesión de las licencias obligatorias en las que se ofrecía una reducción de los precios, siempre que se satisficieran ciertas condiciones; cartas emitidas y dirigidas a Susan Schwab, Representante de Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, y a Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud; y diversas cartas de respaldo dirigidas al Gobierno tailandés. En el informe también se describen leyes nacionales e internacionales relacionadas con el tema.

Además, el informe incluye un comunicado de prensa de Merck, emitido el 14 de febrero, en el que se anuncia una reducción del precio del Stocrin en los “países menos adelantados y en aquéllos que padecen en mayor medida la epidemia”. En el comunicado se señala que la disminución del precio “se debe a eficiencias obtenidas gracias a mejoras en los procesos de fabricación”.

Sangeeta Shashikant de Third World Network señaló que las licencias obligatorias se están comenzando a utilizar “con mucha frecuencia” en países desarrollados, en referencia a ejemplos incluidos en el informe tailandés provenientes de Estados Unidos y Europa.

Guilherme Patriota, funcionario brasileño, afirmó que las licencias obligatorias son un mecanismo legal que se acordó en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC a cambio de que ciertos países aceptaran la protección por patente de medicamentos, protección que para muchos países fue introducida mediante ese acuerdo. Señaló que las reacciones, por lo tanto, deberían ser más “realistas” y que no era aceptable que se “marginara” a los países que conceden licencias obligatorias. En relación con el Acuerdo sobre los ADPIC, indicó que las licencias obligatorias son un mecanismo que es “parte integrante” del sistema y que, por lo tanto, no constituyen una amenaza al sistema “porque forman parte de él”.

Fernando Antezana Araníbar, representante boliviano y actualmente Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, además de observar que no existe un requisito que exija la publicación de un informe sobre el tema, reconoció la transparencia de Tailandia y su “valor para hacerlo [conceder las licencias obligatorias]”.

David Vivas del International Centre for Trade and Sustainable Development también reconoció el esfuerzo de Tailandia por ser transparente. Además sugirió la elaboración de un estudio internacional que recopile datos sobre licencias obligatorias relacionadas con la salud. El sector industrial, entre otros, brindó su apoyo a esta idea.

Puede comunicarse con Tove Gerhardsen a info@ip-watch.ch.